Hoy es común encontrar que la prueba de relaciones de toda índole son mensajes de WhatsApp, jefes y empleados se comunican 24/7 por este medio, dejando la trazabilidad de la relación. Según un estudio de la firma de reputación digital LOOR, el 93 % de los empleados encuestados ha sido contactado en alguna ocasión por sus jefes o compañeros de trabajo por este medio. De ellos, el 43 % acepta que guardan las conversaciones como prueba de lo que sucedió, el 75 % cree que es un medio idóneo para recibir órdenes y solo el 9 % dice que les molesta, incluso, cuando son contactados en el horario laboral.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno que, dentro del término de cuatro meses, expidiera la reglamentación del inciso tercero del artículo 135 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 del 2015).

No se viola el derecho de defensa del trabajador cuando el empleador omite citarlo a descargos previamente al despido, siempre que le haya dado la oportunidad para dar su versión de los hechos y, así mismo, le ha hecho saber las razones que constituyen la justa causa, recordó la Sala de Descongestión No. 2 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La contratación en Colombia es un tema álgido, ya que siempre son mayoría los trabajadores informales, que los contratados por una empresa con todas las garantías de ley.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el primer trimestre de 2018 las ciudades con mayores cifras de informalidad fueron Cúcuta con 69,5%, Riohacha 64,5% y Florencia 63,1%.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno tomar las medidas necesarias para garantizar que la seguridad social se descuente a los contratistas de su pago de fin de mes.

Los ministerios de Hacienda, Salud y Trabajo tendrán cuatro meses para expedir la reglamentación, según informa la orden judicial.

En tiempos de globalización, intercambios comerciales y apertura económica es cada vez más común que los profesionales salgan de sus países a trabajar en el exterior. Por eso, AL consultó con abogados expertos en derecho laboral y migración corporativa, para saber qué requisitos deben cumplir los extranjeros para trabajar en Colombia, así como qué normas se deben seguir.

Lo primero que advierten los expertos es que con el fin de emplear legalmente a un ciudadano extranjero este debe contar con dos elementos fundamentales: la visa de trabajo o cédula de extranjería y una licencia temporal o convalidación de título si ejercerá en una profesión que requiere licencia.

“El empleador deberá asegurarse de que el extranjero cuente con la categoría de la visa a tramitar, va a depender de la vocación de permanencia que tenga el extranjero, así como de la naturaleza de las actividades que va a desarrollar en el país”, explicaron Adriana Amaris y Cindy Osorio, abogada asociada y consultora, respectivamente, del bufete internacional especializado en migración corporativa Fragomen Worlwide.

El proyecto de ley que pretende que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado acredite aprobación de un examen de Estado está pendiente de último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Este examen, que lo realizaría el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) directamente o a través de una institución de educación superior acreditada en alta calidad, se entenderá aprobado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba.

Uno de los aportes más importantes de la Constitución Política de 1991 fue, sin duda, la incorporación de la acción de tutela como mecanismo para amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente los más desprotegidos.

Todas estas peticiones han permitido desarrollar el contenido y alcance de los derechos constitucionales y llenar vacíos legislativos a través de pronunciamientos que han revolucionado la historia jurídica del país.

Recientemente, la administración de justicia colombiana tramitó y falló la primera tutela diligenciada a través de medios electrónicos y, por consiguiente, sin la utilización de papel, como un modelo para contribuir al medio ambiente y al manejo de las tecnologías de la información, informó el Consejo Superior de la Judicatura.

Teniendo en cuenta que el artículo 9 de la Ley 1258 del 2008 no consagra expresamente las implicaciones legales que tendría el hecho de no pagar el total del capital suscrito dentro de los dos años consagrados en los estatutos para el efecto, el vacío legal debe suplirse con las normas generales que rigen a las sociedades anónimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.

Esto para efectos de su validez. Concepto de la SIC fue solicitado por la Universidad Nacional.

La máxima autoridad propiedad intelectual del país sienta un concepto sobre los contratos de franquicia. También incluyó a inventos, modelos, procesos, imagen y asesoría constante, aspectos que están protegidos por la propiedad intelectual y el secreto industrial.

El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dice que el contrato de licencia de la marca solo puede celebrarse a través del titular efectivo, es decir, la persona natural o jurídica que esta entidad determine.